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| La democracia no puede terminar convertida en una competencia de emojis. Y tampoco puede depender de quién tenga más tiempo para votar veinte veces desde distintos dispositivos. Foto • Pixabay. |
Editorial
Juan Diego Aguirre
Durante mucho tiempo la política se discutió alrededor de ideas, visiones de gobierno, debates públicos y confrontaciones argumentadas. Hoy, en cambio, buena parte de la conversación parece ocurrir en el territorio más superficial posible: el de los sondeos instantáneos en redes sociales. Una encuesta en Instagram se puede cerrar en horas, pero puede bastar para instalar durante días la sensación de que alguien “subió”, otro “se desplomó” y un tercero “ya ganó”.
Cada semana aparecen nuevos ejercicios: “¿Quién ha sido el mejor alcalde?”, “¿Por quién votaría hoy?”, “¿Quién ganaría la consulta?”. Miles de votos en cuestión de minutos, diseños que imitan gráficas estadísticas y lenguaje cuidadosamente elaborado para parecer científico. Pero detrás de muchos de esos sondeos no existe metodología, representatividad ni rigor técnico.
Hay que parar el cuentico de los sondeos en internet. Porque el problema no es que existan. El problema es que están reemplazando el debate serio. Ya casi no importa qué propone un candidato, qué indicadores deja un gobierno o qué ocurre con la seguridad, la educación y la inversión pública. La discusión termina girando alrededor de quién “arrasó” en Facebook o “lidera” una encuesta hecha desde una página anónima.
Muchos de estos ejercicios ni siquiera buscan medir opinión pública. Buscan producirla. Funcionan como herramientas de presión política, instalación narrativa y propaganda digital. Si alguien parece ir ganando, otros comienzan a sumarse por simple inercia social.
No es casualidad que detrás de muchos de estos sondeos aparezcan votos masivos coordinados, cadenas de WhatsApp, grupos organizados y auténticas romerías digitales de militantes dedicados a inflar resultados. Basta observar algunos ejercicios sobre mandatarios locales para entender que allí no hay medición ciudadana sino activismo organizado.
La democracia no puede terminar convertida en una competencia de emojis. Y tampoco puede depender de quién tenga más tiempo para votar veinte veces desde distintos dispositivos. Además, estos ejercicios excluyen silenciosamente a millones de personas que no usan redes sociales, no tienen acceso estable a internet o simplemente decidieron mantenerse al margen de esas plataformas.
Muchos de estos ejercicios ni siquiera buscan medir opinión pública. Buscan producirla. Funcionan como herramientas de presión política, instalación narrativa y propaganda digital. Si alguien parece ir ganando, otros comienzan a sumarse por simple inercia social.
Las encuestas políticas serias —con todas sus limitaciones— están obligadas a revelar ficha técnica, tamaño de muestra, margen de error, cobertura geográfica y responsables identificables. Pueden discutirse y controvertirse desde los datos. Un sondeo digital abierto no: su universo es indeterminado y sus resultados dependen más de la movilización de una militancia que de la opinión pública real.
Por eso resulta importante que la legislación colombiana haya comenzado a cerrar esa zona gris. La Ley 2494 de 2025 entendió algo elemental: no basta con cambiarle el nombre a un ejercicio que pretende influir electoralmente. Si una medición busca divulgar intención de voto, deberá cumplir estándares técnicos verificables.
Lo más preocupante es que termina afectando incluso a quienes favorece. Un mandatario rodeado permanentemente de sondeos positivos puede caer en una falsa sensación de éxito, aislándose de problemas reales y creyendo que gobernar consiste en sostener popularidad digital. Pero la administración pública no se mide en likes. Se mide en ejecución, resultados, transparencia y confianza ciudadana.
En Caldas el fenómeno ya adquirió dimensiones absurdas. Existen páginas dedicadas casi exclusivamente a producir este tipo de contenidos, en una frontera borrosa entre militancia, entretenimiento y propaganda. Y mientras tanto, las ideas, los programas de gobierno, las capacidades administrativas y la discusión sobre el futuro siguen quedando desplazados.
