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| Durante la audiencia fueron recordados varios casos que dejaron una profunda huella en distintas comunidades caldenses. Foto: Gobierno de Caldas. |
Redacción El Caldense
Manizales, Caldas
La Gobernación de Caldas acompaña la Audiencia Territorial que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desarrolla este jueves y viernes en Manizales, un espacio enfocado en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y reconciliación frente a hechos del conflicto armado que marcaron profundamente al departamento.
La jornada reúne a víctimas, magistrados de la JEP, representantes institucionales y comparecientes, en un escenario orientado a dignificar a las comunidades afectadas y avanzar en procesos de memoria histórica y reconocimiento de responsabilidades.
La secretaria de Gobierno (e) de Caldas, Lina María Salazar, destacó que se trata de las primeras audiencias de este tipo relacionadas directamente con hechos ocurridos en el departamento. “Desde la Gobernación en cabeza de Henry Gutiérrez Ángel se participó en esta audiencia como muestra del compromiso de la institucionalidad para buscar la memoria, la reconstrucción del tejido social y hacernos conscientes de que hechos así no vuelvan a ocurrir”, señaló.
Durante la audiencia fueron recordados varios casos que dejaron una profunda huella en distintas comunidades caldenses. Entre ellos, el desplazamiento forzado del profesor Carlos Augusto Molina Granada; la desaparición forzada del profesor Pedro Julio Quiceno Morales; el homicidio de Rigoberto Castaño Tovar, alcalde electo de Marulanda para el periodo 2006; el homicidio de Gustavo Aristizábal Rendón; y el desplazamiento forzado de Lucelly Orozco Giraldo y su núcleo familiar.
En su intervención, la Administración Departamental resaltó que la construcción de una paz duradera requiere reconocer las responsabilidades derivadas del conflicto armado y enfrentar de manera decidida los hechos que fracturaron el tejido social en diferentes regiones del país y del departamento.
La Gobernación de Caldas también destacó que durante el actual cuatrienio ha destinado cerca de 16 mil millones de pesos para programas y acciones dirigidas a la población víctima del conflicto armado, a través de diferentes dependencias como las secretarías de Educación, Vivienda, Salud, Gobierno, Cultura y Deportes e Integración y Desarrollo Social.
Dentro de las iniciativas impulsadas se encuentra el proyecto Rutas de Memoria en el Río La Miel, orientado a preservar los relatos de las comunidades afectadas por la violencia y fortalecer los procesos de reconciliación y memoria histórica en el territorio.
Uno de los momentos más significativos de la audiencia estuvo marcado por los testimonios de las víctimas y sus familias, quienes reiteraron la importancia de conocer la verdad sobre los hechos ocurridos y evitar que estos episodios vuelvan a repetirse. Sus intervenciones reflejaron la necesidad de avanzar en procesos efectivos de reparación y justicia restaurativa.
El alcalde de Marulanda, Leonardo Giraldo Botero, recordó durante su intervención los hechos violentos registrados en ese municipio en el año 2006. “Hoy venimos a hablar de verdad y es una manera, desde la institucionalidad, de reconocer a las víctimas. Ese mismo año fue asesinado el alcalde electo y se presentó una toma guerrillera en el corregimiento de Montebonito que afectó a toda la comunidad”, expresó.
Por su parte, Andrea Quiceno, una de las víctimas participantes, manifestó que el conocimiento de la verdad representa una posibilidad de cerrar un ciclo de dolor que ha permanecido durante años. “No queremos vivir más años con la incógnita de qué pasó, necesitamos la verdad para poder avanzar y sanar. Llevamos 19 años esperando este momento”, afirmó.
Desde la JEP, los magistrados resaltaron la importancia de realizar este tipo de diligencias directamente en los territorios afectados por el conflicto armado. El magistrado Pedro Elías Díaz Romero señaló que “en el territorio es donde ocurrieron las grandes violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y por eso la JEP ha venido acá con los comparecientes para que, en presencia de las víctimas, se les rinda verdad y se reconozcan responsabilidades”.
Asimismo, la magistrada en movilidad de la Sala de Situaciones Jurídicas para la Paz, Diana María Vega, destacó la relevancia de este espacio para la región y subrayó la importancia de los aportes a la verdad realizados por los comparecientes como parte de sus compromisos con la justicia transicional.
Con su participación en esta Audiencia Territorial, la Gobernación de Caldas reafirmó su compromiso de seguir articulando esfuerzos con las instituciones nacionales para garantizar los derechos de las víctimas y avanzar hacia una paz estable y duradera basada en la verdad, la justicia y la memoria.
