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| El expediente, que supera los 5.000 folios, detalla una presunta repartija de contratos en el Invías a cambio de apoyo político en el Congreso. Foto • Eje21. |
Redacción El Caldense
Bogotá / Caldas
Una investigación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia revelada por la revista SEMANA puso en evidencia un presunto escándalo de corrupción que involucraría a más de 30 congresistas, en un caso que podría superar en magnitud al de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El expediente, que supera los 5.000 folios, detalla una presunta repartija de contratos en el Invías a cambio de apoyo político en el Congreso, especialmente en las comisiones económicas encargadas de aprobar el presupuesto nacional y créditos internacionales.
Entre los nombres mencionados en la investigación aparece el senador caldense recién electo y actual representante a la Cámara, Wilder Iberson Escobar Ortiz, quien figura dentro del listado de congresistas que, según el expediente, habrían sido beneficiados con contratos.
De acuerdo con la investigación, la Corte busca establecer si desde el Ministerio de Hacienda se habrían direccionado más de 60 contratos para asegurar el respaldo de congresistas a iniciativas del Gobierno nacional. La presunta maniobra estaría soportada en tablas de asignación, chats, videos y seguimientos detallados a cada contrato.
Una de las principales pruebas proviene del testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien relató cómo se habría utilizado el presupuesto público para influir en decisiones legislativas.
El expediente también menciona la posible participación de altos funcionarios del Gobierno y advierte que el modelo de asignación de contratos en el Invías sería similar al detectado en el caso de la UNGRD, aunque con montos considerablemente mayores.
En total, la Corte ha identificado 82 procesos contractuales, de los cuales al menos 61 coincidirían con las pruebas aportadas. Algunos presentan adiciones presupuestales millonarias que superan incluso el valor inicial de los contratos.
Mientras avanzan las investigaciones, varios congresistas han manifestado que sus actuaciones se enmarcan en la gestión pública para sus regiones. No obstante, será la Corte Suprema de Justicia la encargada de determinar responsabilidades en este caso que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción en el país.
